El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha puesto sobre la mesa sus exigencias en materia de autogobierno como condición previa e innegociable para sostener los Presupuestos Generales del Estado, en un ultimátum que deja al Gobierno de Pedro Sánchez con margen hasta otoño. Según publicó El Periódico el 21 de junio de 2026, los nacionalistas vascos requieren que el Ejecutivo cierre los compromisos pendientes en la comisión bilateral entre el Estado y Euskadi antes del parón estival de agosto, con una reunión prevista entre Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales en La Moncloa.

Las prioridades trasladadas desde el Ejecutivo vasco se centran en tres grandes bloques. El primero es cerrar la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social, que incluye las pensiones y el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial). El segundo abarca la gestión de los puertos de Pasaia y Bilbao. El tercero se refiere a la carpeta migratoria, con el objetivo de ampliar las funciones de la Ertzaintza en materia de extranjería y lograr que Euskadi sea reconocida como frontera norte del Estado. A estos asuntos se suma la materialización de traspasos ya acordados, el despliegue del órgano bilateral aeroportuario y una reivindicación simbólica: el traslado temporal del cuadro Guernica, de Pablo Picasso, desde el Museo Reina Sofía de Madrid al museo Guggenheim de Bilbao.

Desde el Gobierno central, señala la información, muestran una «voluntad genérica» de avanzar en el autogobierno vasco, pero sin concretar avances en las carpetas más sensibles. En respuesta, el Ejecutivo vasco advierte de que la comisión bilateral —de la que depende el sostén parlamentario del PNV al Gobierno— solo se celebrará si se llega con estos asuntos cerrados, razón por la que aún no se ha agendado ninguna reunión. Sánchez, por su parte, calificó desde Bruselas la actitud de los nacionalistas vascos como «constructiva», aunque reconoció la dificultad de alcanzar un acuerdo presupuestario sin avances previos en la vía bilateral.

Lo que el PNV ya se ha garantizado es que las elecciones generales no coincidirán con los comicios municipales de mayo de 2027, una prioridad para los nacionalistas vascos que el propio Sánchez confirmó públicamente tras descartar el «superdomingo electoral». No obstante, el PNV insiste en que las generales se celebren antes que las locales y forales. De ahí el ultimátum lanzado por la portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero: si decaen los Presupuestos, deben convocarse elecciones. Sánchez, por primera vez, no descartó esa posibilidad: «Si se tienen que tomar decisiones, las tomaremos cuando se produzcan estas hipótesis».

El calendario que maneja Moncloa prevé la aprobación del cuadro macroeconómico este martes, el techo de gasto y la senda de déficit a mediados de julio, y la presentación del proyecto de Presupuestos en septiembre. La votación de totalidad de las cuentas públicas se espera entre octubre y noviembre. Sin los apoyos necesarios —agravados por la ruptura con Junts y el distanciamiento de Podemos—, las cuentas podrían ser devueltas en su primera prueba en el Congreso.

En lo que va de legislatura, el PNV ha multiplicado los acuerdos de traspaso de competencias. Euskadi acumula la mitad de las transferencias realizadas a comunidades autónomas en los últimos tres años: doce de un total de veinticuatro. Le sigue Cataluña, que tras el parón de la bilateralidad por el procés suma cinco transferencias culminadas; en la última Comisión Mixta de Transferencias, hace un mes, se acordó el refuerzo de las competencias en gestión del litoral, la cesión parcial del Edificio Siza y compromisos para fomentar el catalán en la Administración General del Estado.