La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó este lunes enviar al Promotor de la Acción Disciplinaria las controvertidas declaraciones del magistrado Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, vertidas en el auto de medidas cautelares dictado el pasado sábado contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La decisión se adoptó por el voto de calidad de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ante la división entre los vocales conservadores y progresistas del órgano de gobierno de los jueces, según informaron fuentes jurídicas a El Mundo.

El acuerdo, que contó con cuatro votos particulares del bloque conservador, consiste en remitir copia del auto al Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, para que sea él quien evalúe si procede incoar diligencias informativas o abrir un expediente disciplinario al juez Peinado por una posible falta grave tipificada en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Dicho artículo sanciona como falta grave «el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial».

El origen del conflicto se remonta al auto del 20 de junio, en el que Peinado impuso a Begoña Gómez comparecencias quincenales y la retirada del pasaporte. En su resolución, el magistrado —titular del juzgado número 41 de Madrid— sostuvo que, si bien la defensa de la acusada alegaba que su condición de esposa del presidente del Gobierno implicaba estar custodiada por miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado, «de lo que no cabe duda es de que esos agentes, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores, pueden ser precisamente quienes colaboren para facilitar esa fuga».

Estas afirmaciones provocaron una reacción inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien elevó «la más enérgica queja» a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, por el «grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Ahora será el Promotor de la Acción Disciplinaria quien determine si las expresiones de Peinado son constitutivas de falta disciplinaria y, en su caso, si se abre expediente al juez.