El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos que permitirán la creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales, lo que supone una ampliación "récord" de la plantilla judicial del 8,5%. El anuncio lo realizó en rueda de prensa el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien calificó la medida de "hito histórico" y subrayó que ningún Gobierno anterior había aprobado una ampliación de esta magnitud.
De las 500 nuevas plazas de jueces, 368 se destinarán a tribunales de instancia y 96 a órganos colegiados: 76 para las Audiencias Provinciales, 9 para los Tribunales Superiores de Justicia, 7 para el Tribunal Supremo y 4 para la Audiencia Nacional. Otras 34 plazas serán de adscripción territorial, movibles según la carga de trabajo, y dos más corresponden al Tribunal Central de Instancia.
Por comunidades autónomas, las más beneficiadas son las que presentan mayores necesidades de refuerzo: Andalucía (95 plazas), Cataluña (91), Madrid (69) y la Comunidad Valenciana (58). En términos porcentuales, Murcia y Canarias lideran el incremento con un 11% cada una. Por orden jurisdiccional, el ámbito civil es el más reforzado, seguido del social.
El ministro detalló que los primeros jueces comenzarán a trabajar el 31 de diciembre de este año; la segunda tanda lo hará el 1 de junio de 2027 en los tribunales de instancia, y el tercer bloque el 1 de noviembre de 2027, según el calendario acordado con el Consejo General del Poder Judicial.
Bolaños explicó que esta ampliación es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que sustituye los antiguos juzgados unipersonales por tribunales de instancia con una única Oficina Judicial de apoyo técnico. El nuevo modelo permite crear una plaza judicial por unos 100.000 euros, frente a los 500.000 que costaba un juzgado tradicional. Así, la inversión total para las 500 plazas asciende a aproximadamente 55 millones de euros, mientras que con el modelo anterior hubiera requerido 260 millones.
En cuanto a las 200 nuevas plazas de fiscales, se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales, con refuerzo en áreas clave como la Fiscalía contra los Delitos de Odio y Discriminación, la de Trata de Personas y Extranjería, y la de Violencia sobre la Mujer. También se refuerzan la Inspección Fiscal, la Cooperación Penal Internacional, la Criminalidad Informática y se crea una plaza de Fiscal de Sala responsable de la Unidad de Protección de Datos.
Por territorios, las comunidades más beneficiadas en el ámbito fiscal son Andalucía (38 nuevas plazas, un 7,4%), Cataluña (35, un 8%) y Madrid (32, un 9,3%). En términos porcentuales, Murcia vuelve a destacar con 7 nuevos fiscales, lo que supone un incremento del 9,7%.
La distribución de las nuevas plazas se ha realizado según criterios objetivos de carga de trabajo, litigiosidad y población, y ha tenido en cuenta las necesidades trasladadas por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con competencias transferidas y los tribunales superiores de Justicia.