Gertrudis Alcázar, secretaria personal del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, compareció este lunes 29 de junio ante la Comisión de Investigación del Senado, donde fue convocada por el Partido Popular, pero se negó a responder a las preguntas de los senadores. «Voy a mantener silencio en esta comisión; no debe entenderse como un desaire, sino algo coherente con mi condición procesal», declaró al inicio de su intervención, siguiendo el asesoramiento jurídico de su defensa para preservar sus derechos fundamentales.

Alcázar se encuentra imputada en la misma causa judicial que investiga a su jefe, el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y blanqueo de capitales. Según el auto judicial que autorizó el registro de la oficina de Zapatero en la madrileña calle de Ferraz —donde trabaja Alcázar—, la secretaria desempeñaba presuntamente «un papel operativo esencial dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias».

Durante el registro, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se incautaron de sus dispositivos móviles, cuyo análisis ha permitido incrementar los indicios contra ambos. En la caja fuerte de la oficina se hallaron decenas de joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros que, según Alcázar, pertenecían a «don José Luis y doña Sonsoles» —la esposa del expresidente—. Además, un segundo informe de la UDEF apunta a indicios de un nuevo delito relacionado con el pago de 200.000 euros más gastos por parte de una empresa peruana a cambio de gestiones ante el anterior Gobierno de Bolivia.

La defensa de Rodríguez Zapatero ha solicitado que se extraigan de la causa todas las conversaciones entre el expresidente y su secretaria, al considerarlas excesivas y vulneradoras de sus derechos fundamentales, alegando que se trataría de una investigación «prospectiva y no autorizada».