La Comissió de la Dignitat, entidad memorialista que durante décadas ha encabezado la reivindicación de los denominados «papeles de Salamanca», ha reclamado este viernes al Govern de Salvador Illa que asuma un papel activo para lograr el retorno a Cataluña de 35.000 documentos —alrededor del 5% del total— que aún no han sido devueltos. Lo hace 21 años después de la aprobación de la ley de retorno de los papeles de Salamanca y cuatro años después de la ley de memoria democrática aprobada por el Congreso.

El presidente de la entidad, Josep Cruanyes, ha denunciado que el Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun, «no ha dado ningún paso» para ejecutar la sentencia de la Audiencia Nacional de 2008 que declara legal la devolución, y ha acusado al ministerio de emplear argumentos que «menosprecian las instituciones catalanas». «¿Es tan difícil restituir un auténtico botín de guerra que el ejército y otros organismos de ocupación arrebataron?», se ha preguntado Cruanyes.

Según ha explicado, los documentos aún sin restituir pertenecen a los ámbitos de justicia, orden público, comunidad judía, masonería y a 47 ayuntamientos que fueron saqueados durante la ocupación franquista y la anulación del Estatut. En la actualidad, los papeles se encuentran dispersos en distintas instituciones, entre ellas el archivo militar de Ávila, y deberían sumarse a los que ya han vuelto a Cataluña.

Cruanyes ha instado al Govern a tener una «actitud proactiva» y a activar la comisión mixta Estado-Generalitat para que la conselleria de Cultura acuerde con el ministerio el reingreso de la documentación. «Es tan sencillo como esto», ha asegurado. La entidad ha recordado que en el pasado se produjeron traspasos de archivos sin necesidad de leyes específicas, como los de la biblioteca del comisariado del deporte en 1983, las fotografías del comisariado de propaganda en 1990 o el servicio de recuperación del patrimonio artístico de la Generalitat 1936-39 en 2004.

Además, la Comissió de la Dignitat ha señalado que la propia Generalitat podría presentar un recurso «por inactividad» respecto a la citada sentencia de la Audiencia Nacional, y se ha mostrado dispuesta a elevar la situación ante el relator de Naciones Unidas. «Estas normas son actos de propaganda si no se repara a las víctimas», ha sentenciado Cruanyes, subrayando que el derecho de la Generalitat a recuperar su patrimonio documental está reconocido.