La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, se ha visto envuelta en una controversia por la actividad inmobiliaria de su pareja, que, según informaciones publicadas, posee alrededor de treinta pisos en alquiler. La situación ha generado un debate sobre la coherencia política de la dirigente socialista, cuyo partido ha centrado parte de su discurso en la crítica a los grandes tenedores y los llamados «fondos buitre», a los que presenta como responsables del problema de la vivienda en España.
Mínguez ha salido públicamente en defensa de la actividad de su pareja, lo que, según diversos análisis, contrasta con la línea argumental que el PSOE viene sosteniendo en materia de vivienda. La dirigente, no obstante, ha argumentado que se trata de un ataque a su vida privada y ha cuestionado que se pretenda hacerla responsable de los negocios de su compañero sentimental.
El caso ha reavivado el debate sobre la separación entre la vida pública y privada de los representantes políticos, así como sobre los límites de la coherencia ideológica. La controversia se produce además en un contexto preelectoral, con el PSOE inmerso en una campaña centrada en el acceso a la vivienda y la regulación del mercado de alquiler. La oposición, tanto desde el Partido Popular como desde otras formaciones, ha aprovechado la situación para cuestionar la credibilidad del discurso del Gobierno en esta materia.