Este miércoles ha comenzado en la sección segunda de la Audiencia de Barcelona el juicio contra cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) acusados de causar la pérdida de un ojo al activista independentista Roger Español durante una carga policial. La vista oral se celebra casi nueve años después de los hechos y es la primera vez que un escopetero y tres mandos de las Unidades de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios del CNP, se sientan en el banquillo sin la participación del Ministerio Fiscal, que no presenta acusación al considerar que los agentes actuaron en cumplimiento del deber.

En su declaración ante el tribunal, Español ha relatado cómo recibió el impacto: «Quedé desconcertado, caí al suelo y cuando la gente me llevó a un lugar más protegido vi la sangre y entendí que me habían herido con una bala de goma». El activista ha calificado el disparo como «una represalia», explicando que los agentes no habían podido golpearlo suficientemente con la defensa momentos antes. Según su testimonio, la policía no advirtió de sus intenciones y disparó «a bocajarro», sin apuntar al suelo, en contra de lo que establece el reglamento. «La primera noticia de que se disparaban las balas de goma fue la que recibí», ha afirmado.

Español también ha señalado que «hasta ahora, nadie del CNP se ha interesado por su estado de salud». El periodista David Bou, testigo de los hechos, ha corroborado que los agentes no lanzaron advertencia previa.

El juicio se sustenta únicamente en las acusaciones particulares ejercidas por la defensa de Español, liderada por el abogado Benet Salellas, así como por Òmnium Cultural, la ANC e Irídia, que ha coordinado a seis entidades internacionales de derechos humanos para fiscalizar el proceso. El Ministerio Fiscal, en cambio, ha tratado de justificar la actuación policial durante el interrogatorio, preguntando a Español sobre los insultos que se proferían contra los agentes y haciéndole recordar consignas. Una postura que contrasta con el papel de la fiscalía, que en principio debe promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad y los derechos de los ciudadanos.

Tras las cuestiones previas, en las que se admitió nueva prueba documental y se rechazó una tacha a una perito, el tribunal ha dado inicio a las declaraciones. El juicio continúa en los próximos días.