El Gobierno de España tiene identificados a 1.800 migrantes de los miles que viven hacinados en asentamientos improvisados en las playas de Tarajal y Benítez, así como en solares vacíos de Ceuta, pero el proceso de devolución se prolonga durante semanas y la ciudad autónoma aún está lejos de recuperar la normalidad. La pregunta, según publica La Vanguardia, ya no es cuántas personas han llegado, sino cuánto tiempo permanecerán.
Marruecos, en un comunicado enviado la semana pasada y en una carta dirigida el lunes a varios eurodiputados, ha manifestado su disposición a readmitir a quienes entraron irregularmente en Ceuta. Sin embargo, pese a que existe un país dispuesto a aceptar el retorno y el propio Ejecutivo reconoce que una parte de estas personas no tiene derecho a permanecer en España, las devoluciones no pueden ser automáticas.
«La respuesta no es tan sencilla porque las devoluciones no pueden ser automáticas. Antes se debe identificar a los migrantes, estudiar su situación y garantizar el acceso a la protección internacional cuando corresponda. Así lo establece la ley», explica la periodista Silvia Angulo en el artículo. España cuenta con un sistema garantista y los procedimientos están diseñados para la protección de los derechos de estas personas, lo que hace que el trámite sea «farragoso y lento».
A esto se suman las complicadas relaciones entre el Gobierno de la ciudad autónoma y el Ejecutivo central para decidir dónde ubicar los centros de acogida en los que filiar a los migrantes. El nuevo campamento, que entró en servicio el pasado domingo, tiene capacidad para 850 personas.
El pacto migratorio de la Unión Europea, que entró en vigor el pasado 12 de junio de 2026, establece trámites más rápidos de identificación, pero la agilidad no elimina el análisis individual de cada situación. Incluso en el caso de ciudadanos marroquíes: Marruecos está considerado por la UE un país de origen seguro, pero esto no permite rechazar automáticamente una solicitud de protección internacional. Cada petición debe examinarse individualmente y el solicitante tiene la oportunidad de demostrar que, en su caso concreto, necesita protección.
El Gobierno asegura que los triajes están cogiendo «velocidad de crucero», pero la identificación es solo el principio de un proceso que semanas después acaba en devolución o concesión de asilo. En 2021, un intento de acelerar el retorno de 55 menores terminó en los tribunales y fue considerado ilegal, con condenas de inhabilitación de nueve años para los responsables de aquella decisión.
«Por tanto, los inmigrantes no pueden ser expulsados al instante como algunos piden. No todo es tan sencillo y a Ceuta le quedan aún semanas, quizá meses, hasta que pueda recuperar cierta normalidad», concluye la autora.